Jose Manuel Turón – Responsable de Obras y Servicios Públicos del Circulo PODEMOS Illescas
El debate entre la gestión pública y la privada del agua no sólo se centra en la batalla ideológica de las distintas opciones políticas, sino que también tiene un componente técnico. Según el informe de fiscalización del Sector Público Local de 2011[1], realizado por el Tribunal de Cuentas, la gestión pública directa de servicios básicos como el abastecimiento domiciliario de agua potable, la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos tienen un coste menor que con la externalización de dichos servicios.
Re-Municipalizar, o devolver a gestión directa los servicios dejados en manos privadas, no es algo potestativo para quienes gestionan los bienes y servicios que a todos pertenecen:
ES OBLIGATORIO:
– Por los beneficios que produce a la institución titular, con menos costes (documentados por informes como el del Tribunal de Cuentas) y el control directo del servicio
– Por el aumento de la calidad del servicio, al no estar sujeta al lucro empresarial
– Por la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores
– Porque permite un control de trabajadores y vecinas/os en la gestión del servicio
– Porque cierra una de principales vías de corrupción y de financiación ilegal de los partidos políticos con las empresas que saquean lo público. Pero no sólo existen razones de defensa de los intereses de las personas afectadas por la gestión municipal, sino que además la ley señala este camino a los responsables municipales.
Son obvias las ventajas que la gestión directa de los servicios produce tanto en los vecinos (por el aumento de la calidad y el abaratamiento que supone en costes, tarifas y presupuestos) como en los trabajadores. Pero en una sociedad en conflicto de intereses, este proceso no se producirá de manera espontánea, sino por la presión de los posibles beneficiarios, ya que las ventajas que produce la municipalización a la mayoría de la población, conlleva el perjuicio a unos especuladores que se enriquecen con la privatización, y que por ello no se quedarán de brazos cruzados. Si no se da una correlación de fuerzas favorable, el proceso no ocurrirá, sino todo lo contrario. Y está claro que el motor del cambio deben ser sus directos beneficiarios, trabajadores, vecinas y vecinos.
Para conseguir esa movilización, se precisa que los representantes sindicales y de las vecinas y vecinos, exigiendo a los gestores las mejores condiciones en la prestación del servicio. Las organizaciones locales y vecinales deben ser capaces de salir de su barrio para pelear juntas, pues sólo así se conseguirán dar pasos firmes hacia una gestión directa que beneficiará a todos y cada uno de los barrios.